Después de más de 15 años de debate, y como resultado de una campaña liderada por Bolivia, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho al agua potable como un derecho fundamental adoptando una resolución por 122 votos a favor y 41 abstenciones.

Este avance histórico nos recuerda que más de 884 millones de personas no tienen acceso al agua potable de calidad y que más de 2,6 billones de individuos no disponen de instalaciones sanitarias básicas.

Para combatir esta situación, el texto interpela a Estados y organizaciones internacionales a proporcionar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo con la finalidad de «aumentar los esfuerzos dirigidos a procurar a todas las personas agua de calidad, limpia y accesible, así como instalaciones sanitarias».

Para los miembros de CGLU, para que el derecho humano al agua devenga una realidad se requiere, sin embargo, construir una nueva gobernanza que tenga en cuenta a los gobiernos locales en el suministro de agua y el mantenimiento de las infraestructuras sanitarias.